El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 0182 de 2026, una norma impulsada por el Gobierno nacional que reorganizaba el funcionamiento de las EPS en distintas regiones del país. La decisión judicial detuvo el traslado automático de cerca de 6,6 millones de usuarios, quienes podían ser cambiados de aseguradora sin tener la posibilidad de escoger libremente la entidad de salud que los atendería.
El decreto establecía límites mínimos de afiliados para que las EPS pudieran operar en departamentos y municipios. En varias zonas pequeñas solo podrían funcionar una o dos entidades, lo que dejaba a cientos de municipios con una única opción disponible, principalmente la Nueva EPS. Según el alto tribunal, esta medida afectaba derechos fundamentales relacionados con el acceso y la continuidad del servicio de salud.
La demanda fue presentada por la representante Katherine Miranda, quien pidió anular la norma y suspender sus efectos mientras avanzaba el proceso judicial. El Consejo de Estado consideró que existía un riesgo inmediato para millones de afiliados y concluyó que el decreto no respetaba principios como la libre escogencia y la proporcionalidad. Ahora el caso continuará en estudio para definir si la norma será anulada definitivamente o si el Gobierno podrá volver a implementarla con modificaciones
