La muerte del periodista antioqueño Mateo Pérez Rueda ha causado conmoción en el país y reabrió el debate sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas afectadas por el conflicto armado. El joven, de 25 años, desapareció mientras realizaba labores periodísticas en una zona rural de Briceño, Antioquia, y días después fue hallado sin vida por una comisión humanitaria.
Tras conocerse el crimen, surgieron versiones sobre la posible responsabilidad de estructuras armadas ilegales que operan en el norte del departamento. Mientras las autoridades avanzan en la investigación, sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron el asesinato y pidieron garantías para el ejercicio del periodismo en regiones donde persisten amenazas, violencia y control de grupos armados.
Mateo Pérez dirigía el medio digital El Confidente en Yarumal y también estudiaba Ciencia Política en Medellín. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguró que el comunicador denunciaba temas relacionados con corrupción, seguridad y economías ilegales, asuntos que lo habían puesto bajo presión en varias ocasiones. El caso volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los periodistas regionales y el impacto que tiene la violencia sobre la libertad de información en Colombia.
