El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a encender el debate político en Colombia tras reaccionar de manera contundente a la cifra de 7.837 víctimas de falsos positivos revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A través de sus declaraciones públicas, el exmandatario no solo cuestionó el número, sino que también arremetió directamente contra el senador Iván Cepeda Castro, a quien calificó de “mentiroso”.
La controversia surge en medio de uno de los temas más sensibles del conflicto armado colombiano: las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Estas prácticas, que ocurrieron principalmente durante los años más intensos de la lucha contra grupos insurgentes, han sido objeto de investigaciones judiciales y de seguimiento internacional.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ha sostenido de manera reiterada que su administración nunca promovió este tipo de crímenes. En su reacción más reciente, insistió en que las cifras deben analizarse con rigurosidad y no utilizarse con fines políticos. Según el exmandatario, existe una intención de desprestigiar su legado mediante la difusión de datos que, en su opinión, no reflejan la totalidad del contexto.
Por su parte, Iván Cepeda ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de violaciones de derechos humanos durante el conflicto. El senador ha respaldado los hallazgos de la JEP y ha insistido en la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
El cruce de declaraciones entre ambos líderes no es nuevo, pero esta vez ha tomado fuerza debido al impacto de la cifra revelada. Los 7.837 casos documentados por la JEP representan uno de los registros más altos de ejecuciones extrajudiciales en América Latina, lo que ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional.
Analistas políticos señalan que este nuevo enfrentamiento refleja la profunda polarización que aún existe en Colombia frente a la interpretación del conflicto armado y la responsabilidad de sus actores. Mientras algunos sectores respaldan las investigaciones judiciales, otros cuestionan su metodología y posibles sesgos.
En redes sociales, la discusión también ha sido intensa. Miles de usuarios han debatido sobre la veracidad de las cifras, el papel de la justicia transicional y la responsabilidad del Estado en estos hechos. La polémica ha reavivado viejas tensiones políticas y ha puesto nuevamente en el centro del debate a figuras clave de la política nacional.
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el acuerdo de paz con las FARC, continúa avanzando en la investigación de estos casos. Su labor ha sido fundamental para esclarecer lo ocurrido y dar voz a las víctimas, aunque no ha estado exenta de críticas.
Este episodio deja en evidencia que, a pesar del paso del tiempo, los falsos positivos siguen siendo una herida abierta en la sociedad colombiana. La confrontación entre Uribe y Cepeda demuestra que el país aún enfrenta grandes desafíos en la construcción de memoria histórica y reconciliación.
