La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de una investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en la década de los noventa, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y hechos vinculados con la hacienda Guacharacas.

El caso penal se fundamenta en denuncias formuladas hace más de tres décadas. La justicia investiga la presunta connivencia del expresidente con bloques paramilitares en la hacienda Guacharacas y su posible relación con las incursiones de La Granja y El Aro, en Ituango. Asimismo, se indaga el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, quien habría advertido al entonces gobernador sobre las amenazas en su contra antes de ser asesinado. Desde el ente acusador señalaron que la resolución responde al trámite acumulado del expediente y a la interposición de tutelas que exigían un pronunciamiento definitivo.

La decisión fue notificada este jueves por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario confirmó la información a través de sus redes sociales, señalando que recibió la comunicación de sus abogados y calificó la situación como un “suplicio a pocas horas de las elecciones”.

La investigación busca establecer posibles responsabilidades en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), perpetradas por grupos paramilitares en el norte de Antioquia. También se indagan las circunstancias del asesinato de Jesús María Valle, ocurrido en 1998, y las denuncias sobre presuntos vínculos con estructuras paramilitares surgidas alrededor de la hacienda Guacharacas.

Uribe, quien fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, ha rechazado los señalamientos y sostiene que la decisión tiene motivaciones políticas. Por su parte, representantes de víctimas consideraron que el llamado a indagatoria constituye un paso importante para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Este nuevo proceso se suma a otros frentes judiciales que enfrenta el exmandatario y abre un nuevo capítulo en uno de los casos más controvertidos de la historia reciente del país.

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