El llamado del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda a promover una eventual “desobediencia civil pacífica” contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sigue generando un intenso debate político y jurídico en Colombia. La propuesta surgió luego de que Cepeda condicionara esa medida a que el nuevo mandatario no atienda una serie de exigencias planteadas por la oposición.
La controversia trascendió el escenario político y llegó al ámbito constitucional. Expertos consultados señalaron que la desobediencia civil tiene límites claramente definidos por la jurisprudencia y no puede utilizarse como un mecanismo general para presionar o desconocer las decisiones de un gobierno elegido democráticamente.
Juristas advirtieron además que los funcionarios públicos, incluidos los congresistas, están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, por lo que el ejercicio de la oposición debe desarrollarse mediante los mecanismos institucionales previstos en el ordenamiento jurídico y no a través de convocatorias que puedan interpretarse como un desconocimiento del Estado de derecho.
Aunque otros constitucionalistas reconocen que la desobediencia civil ha sido admitida por la doctrina y la jurisprudencia como una forma excepcional de resistencia pacífica, coincidieron en que no puede convertirse en una herramienta para incitar al desconocimiento del orden jurídico. Mientras tanto, las declaraciones de Cepeda continúan provocando reacciones de distintos sectores políticos, en medio de un ambiente de alta polarización tras las elecciones presidenciales.
