La demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado contra la elección presidencial de Abelardo de la Espriella no sostiene que exista un fraude electoral probado, contrario a lo que ha sido interpretado en algunos sectores. El recurso busca dejar sin efectos la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que oficializó los resultados y solicita un nuevo escrutinio de los votos en el exterior, con base en presuntas irregularidades en los mecanismos de verificación del proceso electoral.
De acuerdo con el documento, los demandantes argumentan que la Registraduría eliminó herramientas técnicas que, en las elecciones de 2022, permitían verificar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los formularios electorales E-14, E-24 y E-26. A su juicio, esa situación genera una “opacidad probatoria” que impide descartar de manera independiente eventuales inconsistencias, aunque aclaran que no están afirmando que el fraude haya ocurrido.
La acción judicial solicita que se preserven las evidencias digitales del proceso electoral y que se practiquen auditorías forenses sobre los documentos y sistemas utilizados durante los escrutinios. Los demandantes consideran que estas verificaciones son necesarias para establecer la autenticidad de la documentación electoral y despejar cualquier duda sobre el proceso.
Ahora será la Sección Quinta del Consejo de Estado la encargada de estudiar la demanda y determinar si cumple los requisitos legales para su trámite. Mientras tanto, la elección de Abelardo de la Espriella continúa vigente y conserva plena validez jurídica hasta que exista una decisión definitiva por parte de la alta corte.
