El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad del decreto mediante el cual el gobierno del expresidente Gustavo Petro designó a la entonces primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial ante el Vaticano. La decisión ratifica el fallo emitido en abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había anulado dicho nombramiento por considerar que vulneraba la Constitución.
De acuerdo con el expediente judicial, el alto tribunal confirmó la declaratoria de nulidad del decreto que permitió a Alcocer representar oficialmente al Estado colombiano durante una audiencia con el papa Francisco. Aunque al momento de conocerse la decisión aún no se habían publicado los argumentos completos del fallo, el proceso quedó oficialmente cerrado con la confirmación de la sentencia de primera instancia.
La demanda fue presentada por el abogado Harold Sua, quien sostuvo que el nombramiento desconocía el artículo 126 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los servidores públicos designar a sus cónyuges o compañeros permanentes en cargos o funciones públicas. El Tribunal de Cundinamarca había concluido que el Gobierno incurrió en esa prohibición al conferirle a la primera dama la misión diplomática.
El caso generó una fuerte controversia política desde 2023, cuando se conoció el decreto que autorizó la representación de Verónica Alcocer ante el Vaticano. Posteriormente, la decisión judicial fue citada por autoridades de Estados Unidos dentro de la resolución mediante la cual la incluyeron en la denominada “Lista Clinton”, al señalar que su designación había sido declarada inconstitucional por la justicia colombiana.
