Habitantes de la urbanización Vistas de Pradomar, en jurisdicción de Puerto Colombia (Atlántico), hicieron pública una denuncia en la que manifiestan su preocupación por la ejecución de una obra que, según aseguran, se desarrolla en un sector estrictamente residencial y que, presuntamente, correspondería a una infraestructura de carácter industrial y tecnológico incompatible con el uso del suelo permitido en esa zona. La comunidad afirma que el proyecto se encuentra ubicado diagonal a la vivienda conocida como Casa Blanca, en la carrera 39 No. 4-65, y que desde los primeros días de julio comenzaron a observar el ingreso de maquinaria pesada, excavaciones de gran profundidad, movimiento permanente de volquetas y equipos especializados, sin que los residentes conocieran la naturaleza de la construcción. De acuerdo con el informe elaborado por los vecinos, el barrio Altos de Pradomar hace parte del Sector Normativo 5 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto Colombia, denominado Corredor Urbano Pradomar Alto.
Según la Ficha Reglamentaria SN-5, el sector tiene como usos principales el desarrollo residencial y el comercio de bajo impacto (Comercial Tipo 1), por lo que consideran que una infraestructura industrial no sería compatible con la reglamentación urbanística vigente.Además, los denunciantes sostienen que el predio se encuentra próximo a una zona de protección por falla geológica y áreas de protección ambiental, razón por la cual consideran indispensable una revisión rigurosa por parte de las autoridades competentes antes de permitir la continuidad de cualquier obra de gran impacto.
Cronología de la denuncia:
Según la comunidad, durante la primera semana de julio los residentes empezaron a notar el cerramiento del lote y el ingreso de maquinaria pesada. Al observar excavaciones profundas, extracción de grandes cantidades de material y obstrucciones parciales de la vía, decidieron acercarse para solicitar información sobre el proyecto.Los habitantes aseguran que la información les fue negada y que, posteriormente, representantes de la comunidad, incluida la Junta de Acción Comunal, recibieron respuestas evasivas y poca colaboración por parte del personal de la obra y de la seguridad privada.El 9 de julio fue presentada una queja formal ante la Oficina de Control Urbano de Puerto Colombia solicitando una inspección y la verificación de las licencias urbanísticas y permisos de construcción. Dos días después, el 11 de julio, representantes de la comunidad regresaron al sitio acompañados por autoridades. Según el informe, después de aproximadamente 45 minutos salió un ingeniero identificado como Dorian Flores, quien manifestó que únicamente se construía una losa de concreto para cubrir varias excavaciones. Los vecinos aseguran que en esa oportunidad no fueron exhibidos los documentos legales de la obra y que las autoridades dejaron constancia de la situación mediante un acta y ordenaron la suspensión preventiva de los trabajos.Posteriormente, el 15 de julio funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) realizaron una visita técnica luego de que la comunidad denunciara la tala de árboles y posibles afectaciones ambientales en el área intervenida.Sin embargo, los residentes afirman que las labores continuaron durante los días siguientes con el ingreso de nuevos equipos, herramientas y personal, pese a las actuaciones adelantadas por las autoridades.Derechos de petición y nuevas actuaciones. El informe señala que el 21 de julio la comunidad presentó un derecho de petición urgente dirigido a la Alcaldía de Puerto Colombia, la Secretaría de Planeación, la Oficina de Control Urbano, la Curaduría Urbana, la CRA, el Inspector de Policía, Bomberos y la Procuraduría General de la Nación, solicitando una mesa técnica y la verificación integral del proyecto.Según los denunciantes, durante las visitas realizadas los responsables de la construcción se habrían negado a suministrar información sobre los permisos de la obra y remitieron a un abogado que, de acuerdo con la comunidad, nunca respondió a las solicitudes formuladas.El 23 de julio inspectores de Control Urbano realizaron una nueva visita y, según el acta aportada por los vecinos, requirieron nuevamente la documentación correspondiente. El informe sostiene que los responsables del proyecto manifestaron no tener en el sitio los permisos que, de acuerdo con la normatividad, deberían permanecer disponibles durante la ejecución de la construcción.Los residentes afirman que, a pesar de ello, los trabajos continuaron los días 24 y 25 de julio con el ingreso de trabajadores, herramientas y maquinaria, situación que consideran un desacato a la orden de suspensión emitida previamente.La preocupación de la comunidad. El documento presentado por los vecinos sostiene que la obra correspondería presuntamente a una Cable Landing Station (CLS), una estación terrestre utilizada para conectar cables submarinos internacionales de telecomunicaciones.Según el análisis técnico incluido en el informe, este tipo de infraestructura requiere equipos eléctricos de alta potencia, sistemas especializados de refrigeración, plantas de respaldo y otras instalaciones propias de proyectos tecnológicos e industriales, por lo que, a juicio de la comunidad, no debería desarrollarse en una zona de uso residencial. Los denunciantes aseguran que una infraestructura de estas características requiere múltiples autorizaciones urbanísticas, ambientales y sectoriales, además de cumplir estrictamente con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial.Como referencia, el informe menciona que en ciudades como Cartagena las estaciones terrestres de cables submarinos se encuentran ubicadas en sectores industriales o logísticos especialmente habilitados para este tipo de infraestructura Llamado a las autoridades. Los habitantes de Vistas de Pradomar solicitaron a la Alcaldía de Puerto Colombia, la Oficina de Control Urbano, la Curaduría Urbana, la CRA, el Ministerio TIC y los demás organismos competentes adelantar una investigación exhaustiva que permita establecer si el proyecto cumple con todas las licencias, permisos y requisitos exigidos por la legislación colombiana.Asimismo, pidieron que se garantice la transparencia del proceso y que la comunidad tenga acceso a la información relacionada con la naturaleza del proyecto, sus estudios técnicos, ambientales y urbanísticos, así como las posibles afectaciones que podría generar en un sector predominantemente residencial. Hasta el momento, las afirmaciones sobre la presunta ilegalidad de la construcción corresponden a la denuncia presentada por la comunidad y a la documentación aportada por los residentes. Será responsabilidad de las autoridades competentes verificar la legalidad del proyecto, determinar si cumple con la normatividad vigente y adoptar las decisiones administrativas o judiciales que correspondan.
