Las recientes denuncias realizadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, han desatado una nueva tormenta política en Colombia. En los últimos meses, la funcionaria ha hecho públicas una serie de señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que existieron decisiones administrativas y presupuestales que, según ella, comprometían recursos destinados a obras prioritarias y afectaban la transparencia en la gestión pública.
Uno de los episodios más recientes tiene que ver con el presunto traslado de cerca de un billón de pesos del Fondo Adaptación, recursos que, según Rodríguez, estaban comprometidos para proyectos de mitigación del riesgo y control de inundaciones en La Mojana. La funcionaria afirmó que se negó a avalar esa decisión por considerar que el dinero tenía un destino previamente definido y advirtió que el cambio podría afectar a miles de familias de esa región. Además, anunció que está dispuesta a acudir a instancias judiciales para controvertir el decreto mediante el cual se pretendía efectuar el traslado presupuestal.
Las denuncias de Rodríguez no comenzaron con este episodio. De acuerdo con el recuento de sus declaraciones públicas, desde hace varios meses venía manifestando inconformidad por presuntas presiones internas, decisiones administrativas que calificó de irregulares y actuaciones que, en su criterio, debían ser conocidas por los organismos de control. La funcionaria aseguró que en distintas oportunidades elevó alertas sobre el manejo de recursos y sobre procesos internos que consideraba contrarios a la ley.
Entre los señalamientos también mencionó la existencia de personas que, según su versión, ejercían influencia en decisiones estratégicas del Gobierno sin que, a su juicio, existieran los controles suficientes. Incluso afirmó que algunos funcionarios habrían intervenido en procesos administrativos que hoy considera objeto de investigación. Estas declaraciones incrementaron la tensión política en los últimos días del gobierno saliente.
Rodríguez también manifestó que las denuncias le han traído consecuencias personales y de seguridad. Aseguró haber recibido amenazas y denunció un atentado contra la vivienda de sus padres, razón por la cual pidió mayores garantías para ella y su familia. La funcionaria sostuvo que continuará entregando información a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos que ha denunciado.
Las revelaciones provocaron una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, quien rechazó de manera contundente las acusaciones. El mandatario ordenó iniciar el proceso para declarar insubsistente a Angie Rodríguez y la calificó como una persona “manipuladora”, desestimando la veracidad de sus afirmaciones y defendiendo la actuación de su administración frente al manejo de los recursos públicos.
Las declaraciones de la exdirectora del Dapre también generaron reacciones desde distintos sectores políticos. Integrantes de la oposición solicitaron que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría investiguen las denuncias relacionadas con el presunto traslado de recursos y otras irregularidades mencionadas por la funcionaria, al considerar que los hechos podrían tener implicaciones disciplinarias, fiscales e incluso penales si llegaran a comprobarse.
Mientras tanto, el caso continúa escalando en el escenario político nacional. Las denuncias de Angie Rodríguez se suman a otras controversias que han marcado el final del actual gobierno y abren un nuevo frente de debate sobre el manejo de los recursos públicos, el funcionamiento interno de la administración y la necesidad de que los organismos de control determinen si las acusaciones tienen fundamento o si, por el contrario, carecen de sustento jurídico. Hasta el momento, las afirmaciones de la funcionaria constituyen denuncias públicas que deberán ser verificadas por las autoridades competentes. �ELHERALDO.CO +2
