El exjefe paramilitar del Frente Pivijay entregó una extensa declaración ante la JEP en la que señaló a empresarios, dirigentes políticos y exuniformados por presuntos vínculos con el accionar del Bloque Norte de las AUC. Las afirmaciones hacen parte de un proceso judicial y deberán ser verificadas por las autoridades.
Las revelaciones del exjefe paramilitar Saúl Alfonso Severini Caballero continúan generando un fuerte impacto en el país. En una nueva entrega de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el antiguo comandante del Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que varios empresarios, ganaderos, dirigentes políticos y exintegrantes de la Fuerza Pública habrían tenido algún tipo de relación con la expansión del paramilitarismo en municipios del Magdalena. Sus declaraciones hacen parte del proceso de sometimiento a la justicia transicional y aún deben ser corroboradas por las autoridades competentes.
De acuerdo con el informe periodístico, Severini afirmó que el poder de las AUC no solo se sustentó en las armas, sino también en una red de apoyo integrada por civiles que, presuntamente, facilitaron recursos, información y respaldo logístico. Según su versión, esa estructura permitió consolidar el control territorial en municipios como Pivijay, Salamina, Remolino, El Piñón, Cerro de San Antonio y Concordia, donde ocurrieron asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y despojos de tierras durante el conflicto armado.
Entre los nombres mencionados en las investigaciones judiciales relacionadas con el Frente Pivijay aparecen el exalcalde de Salamina Jorge Salah Donado, además de Adolfo Mario Celedón, William Orozco, Asaid Mercado, Carlos Mercado Scopetta, Iván Salah, Pedro Modesto Pertuz, José Ignacio Caballero, Luis Carlos Soto Flórez, Arnulfo Rafael Laverde Carracedo, Ramón Antonio Prieto Cure, Blas Rafael Hernández Domingo, Julio César Ramos Marenco, Álvaro Ternera, Milcíades Gamarra, entre otros. Estas personas han sido mencionadas dentro de procesos judiciales para que la Fiscalía investigue si existieron vínculos con la estructura paramilitar; dichas menciones no constituyen una declaración de responsabilidad penal.
Las declaraciones también hacen referencia a presuntos nexos con exmiembros de la Fuerza Pública. En decisiones judiciales anteriores fueron compulsadas copias para investigar a personas como Flover Torres Sánchez, conocido como “El Ingeniero”, exintegrante del Gaula de la Policía; Sergio Salazar Soto, alias “El Puma”, exmilitar; Farid Umar Alfonso López, alias “Mono Gaula”, exfuncionario del DAS; además de Javier Castro De La Hoz y Juan Manuel Castro De La Hoz, entre otros. La finalidad de estas investigaciones es establecer si existió colaboración con las AUC durante el periodo de violencia en el Magdalena.
Uno de los puntos más delicados del testimonio de Severini se refiere al supuesto despojo de tierras. Según su versión, después de incursiones paramilitares y desplazamientos masivos, varios predios rurales cambiaron de propietarios. En procesos de Justicia y Paz se ordenó investigar fincas como San Carlos (Pivijay), Paraíso (San Ángel), El Diamante (Tierralta), La Pola, Casanueva, La Cumbia, Montebello y La Sombra, con el propósito de determinar si fueron utilizadas para favorecer intereses de las AUC o para ocultar bienes obtenidos mediante el conflicto.
La JEP advirtió que todas las afirmaciones realizadas por Saúl Severini deberán ser contrastadas con pruebas documentales, otros testimonios y decisiones judiciales antes de establecer responsabilidades. El tribunal busca esclarecer la posible participación de terceros civiles en el conflicto armado, identificar redes de apoyo al paramilitarismo y contribuir a la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Mientras avanzan las investigaciones, las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia y tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
