La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para determinar si se presentaron posibles irregularidades y sobrecostos en los contratos del Consejo Nacional Electoral (CNE) destinados a la capacitación y acreditación de los testigos electorales para las elecciones de 2026.
La revisión incluye contratos relacionados con herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación. El organismo de control solicitó al CNE información detallada sobre los procesos contractuales, incluyendo valores, fechas de ejecución, objeto, estado, supervisores e interventores y pagos realizados.
La Contraloría también puso bajo revisión los contratos suscritos con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, integrada por LinkTic, con una participación del 95 %, y BexTechnology, con el 5 %. La entidad busca establecer cómo fueron manejados los recursos públicos destinados a este proceso electoral.
Sin embargo, el organismo de control fue enfático en aclarar que la apertura de la indagación no significa que exista una responsabilidad establecida contra el CNE, las empresas o funcionarios involucrados. Se trata de una etapa preliminar de verificación y, una vez concluya la investigación, la Contraloría anunció que dará a conocer sus resultados.
