El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, acudió ante fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) para advertir sobre las consecuencias que podría tener una propuesta que busca reducir en $100.000 millones el presupuesto del tribunal para 2027. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y actualmente avanza en el Congreso.
Ramelli señaló que la JEP ya enfrenta una desfinanciación acumulada de $84.663 millones y advirtió que un nuevo recorte podría afectar programas de protección para víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios judiciales. También manifestó que estarían en riesgo gastos esenciales como el funcionamiento de las sedes, servicios públicos y desplazamientos de los equipos hacia los territorios.
La JEP también puso en conocimiento de la CPI otra propuesta que busca permitir que la Justicia Penal Militar revise las sentencias que el tribunal transicional emita contra integrantes de la Fuerza Pública. Según Ramelli, ambas iniciativas podrían afectar la autonomía y las competencias de la jurisdicción, además de generar cuestionamientos frente a los compromisos adquiridos por Colombia con la CPI.
Ante este escenario, el presidente de la JEP pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional revisar si las medidas propuestas podrían comprometer las obligaciones asumidas por Colombia en materia de justicia transicional. Ramelli también solicitó que la CPI contribuya a fortalecer el diálogo entre el Gobierno y la JEP, mientras el Congreso analiza las iniciativas relacionadas con el pr
