El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró en un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara que los recursos que el Gobierno proyecta destinar a Air-e son una medida temporal para evitar que sus problemas financieros comprometan el sistema eléctrico, no un “salvamento de la compañía”. “No tenemos por qué salvar a una compañía que fue entregada a las garras de la politiquería y de la corrupción”, dijo.
Agregó que el Gobierno exigirá investigar a quienes malversaron los recursos de la empresa con sus contactos políticos.
Gómez pidió avanzar con el proyecto de ley 401, presentado con mensaje de urgencia, que busca un traslado presupuestal de $1,2 billones para atender las necesidades del sistema eléctrico del Caribe. Advirtió que el problema de suministro en la región “puede contagiar la totalidad del sistema eléctrico”. También reconoció que la inyección no resolverá de forma definitiva las dificultades del sector.
Para ilustrar el costo que ha asumido la Nación, recordó los créditos de tesorería por $3,9 billones de 2020, los $864.000 millones en créditos con garantía de 2021 y cerca de $2,7 billones del pasivo pensional de Electricaribe en 2022. En total suman $7,5 billones, que a valores actuales podrían ser unos $11 billones.
