La demanda del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández Andrade contra la Contraloría General lleva seis meses “para fallo” en la Sección Tercera del Consejo de Estado, según reveló Semana. Fernández reclama una indemnización cercana a los $1.400 millones por daños a su buen nombre y reputación. La acción apunta a un proceso de responsabilidad fiscal que el ente de control le abrió en 2012.
Ese proceso se originó en una decisión que Fernández tomó como secretario jurídico del Invías entre 2003 y 2006, por un presunto daño patrimonial de $13.000 millones. La Contraloría ordenó el embargo de sus cuentas, lo que congeló su patrimonio y le impidió hacer movimientos bursátiles o contratar con el sector público. La medida se extendió hasta 2016, cuando el organismo no encontró probada su responsabilidad y cerró el caso por falta de competencia.
Además del dinero, Fernández pide una reparación integral: que la Contraloría reconozca públicamente su responsabilidad, ofrezca disculpas y lo haga en un acto con medios masivos. Sostiene que se afectaron su buen nombre, su trabajo y su mínimo vital, y que la noticia de la investigación circuló en varios medios. La Contraloría responde que no hubo falla en el servicio, que los perjuicios no están probados y que haber sido investigado, con garantía de defensa, era una carga soportable.
La demanda sale a la luz mientras el magistrado vuelve a quedar bajo el foco por su mención en el expediente de corrupción de la UNGRD. Según Semana, chats de Sandra Ortiz y del senador Iván Name lo ubican como beneficiario de apoyos para su elección en la Corte. El 30 de septiembre la Corte Constitucional emitió un comunicado, sin nombrarlo, en el que pidió respetar la presunción de inocencia de los magistrados.
