Las inconformidades de los usuarios de energía eléctrica en Barranquilla y otros municipios del Caribe siguen creciendo por los cobros adicionales que comenzaron a aparecer en las facturas de Air-e tras finalizar el periodo pedagógico del programa de ahorro establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). La medida busca reducir el consumo eléctrico ante los efectos del fenómeno de El Niño, pero ha generado fuertes cuestionamientos por su aplicación en una región caracterizada por las altas temperaturas.

Uno de los principales reclamos apunta a que el mayor uso de aires acondicionados y ventiladores responde, en muchos hogares, a necesidades relacionadas con la salud y el bienestar. El personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, calificó la implementación del programa como “engañosa, lesiva y discriminatoria”, al considerar que no tiene suficientemente en cuenta las diferencias climáticas y sociales entre las regiones del país. También advirtió que algunos usuarios habrían tenido periodos pedagógicos de apenas cinco a ocho días antes de comenzar a recibir cobros adicionales.

Ante esta situación, el senador Pedro Flórez solicitó revisar las condiciones del programa para proteger a las familias que necesitan consumir más energía por razones médicas. El congresista también pidió aclarar si las facturas incluyen cobros correspondientes a septiembre, cuando todavía debía desarrollarse la etapa pedagógica, y corregir los valores que no correspondan. Sin embargo, la Creg notificó que, por ahora, no realizará modificaciones al esquema, pese a las reclamaciones de autoridades y representantes de la región Caribe.

Por su parte, Air-e informó que cerca de 258.000 usuarios superaron sus metas individuales de consumo y podrían recibir cobros adicionales, mientras que alrededor de 396.000 consumieron por debajo de sus límites y podrían acceder a incentivos. La empresa sostiene que el programa busca promover el uso eficiente de la energía, pero las quejas continúan por el impacto económico que representa para los hogares. La controversia mantiene abierto el debate sobre la necesidad de aplicar medidas diferenciadas que reconozcan las condiciones climáticas del Caribe colombiano.

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