Un documento firmado el 24 de octubre de 2025, durante las reuniones entre representantes del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), volvió a poner bajo escrutinio el denominado Pacto de Valledupar. El escrito, titulado Declaración de Valledupar por el cierre del proceso de paz con las extintas autodefensas, establecía compromisos para avanzar en el cierre del proceso de desmovilización iniciado en Santa Fe de Ralito.
Entre los puntos contemplados figuraban la actualización de los planes de trabajo de los exjefes paramilitares, la recopilación de información sobre su participación en el conflicto armado y la búsqueda de acompañamiento de organismos internacionales. El documento también planteaba revisar los obstáculos jurídicos que, según sus firmantes, dificultaban avanzar en el esclarecimiento de la verdad.Uno de los aspectos más sensibles era la posibilidad de estudiar medidas relacionadas con las condiciones de reclusión, eventuales excarcelaciones y la creación de colonias agrícolas como mecanismo de resocialización.
Asimismo, se mencionaba la revisión de mecanismos legales relacionados con la extradición y la acumulación jurídica de penas, asuntos que ahora generan interrogantes sobre el alcance de los compromisos adquiridos.La controversia aumentó tras las denuncias de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre un supuesto intento de conseguir declaraciones de antiguos jefes paramilitares contra figuras políticas como Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Las autoridades deberán establecer si existieron presiones, ofrecimientos irregulares o propósitos políticos detrás de estos encuentros. Hasta el momento, las denuncias no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal o disciplinaria de los funcionarios señalados.
