La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en entredicho por un presunto error de procedimiento legislativo que desató cuestionamientos contra el Ministerio de Hacienda y los responsables de supervisar el trámite en el Congreso. La iniciativa contemplaba recursos por $634,9 billones.
La controversia se originó en el artículo 65 del proyecto, cuya versión aprobada en la Cámara de Representantes habría incluido una proposición que no fue votada por el Senado. La diferencia entre los textos de ambas corporaciones exigía un proceso de conciliación que no se habría realizado antes del vencimiento del plazo legal.
Las críticas apuntan principalmente al equipo jurídico del Ministerio de Hacienda, señalado de no verificar adecuadamente las modificaciones incorporadas al proyecto. Congresistas de distintas colectividades también cuestionaron la actuación de los ponentes y la falta de rigor en el seguimiento del trámite legislativo. Sin embargo, la determinación de responsabilidades individuales aún está por establecerse.
Ante este escenario, el Gobierno tendría que expedir el presupuesto mediante decreto, tomando como referencia el texto aprobado en el primer debate de las comisiones económicas. La decisión podría afectar recursos adicionales previstos para sectores como salud, educación, justicia e infraestructura, mientras continúa la controversia jurídica sobre el alcance del error y las alternativas para recuperar las partidas que quedarían por fuera.
