La decisión se produjo después de que surgieran diferencias entre los textos aprobados por ambas cámaras sobre el artículo 65, relacionado con operaciones de cobertura financiera para mitigar riesgos asociados a variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio. La falta de conciliación de esas diferencias generó cuestionamientos jurídicos sobre la validez del procedimiento.
El decreto contempla $391,38 billones para funcionamiento del Estado, $155,43 billones para el pago de la deuda pública y $88,14 billones para inversión. Entre las principales asignaciones sectoriales figuran $93 billones para educación, $81,56 billones para salud y $74,90 billones para Defensa y Policía.
La expedición del presupuesto también implica que algunas modificaciones incorporadas durante los debates posteriores no quedaron incluidas en el texto decretado, entre ellas adiciones para el aseguramiento en salud y los subsidios de energía y gas. Además, el articulado contempla mecanismos para trasladar recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto.
El presupuesto de 2027 se expide en medio de las preocupaciones por el déficit fiscal y la necesidad de ajustar las finanzas públicas. El Gobierno anunció que buscará reducir gastos mediante una ley de rescate fiscal, mientras la decisión de acudir al decreto abre el debate sobre el procedimiento legislativo y las posibles implicaciones jurídicas de lo ocurrido en el Congreso.
Fuente de contexto: Caracol Radio
