La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación de mujeres en entidades públicas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de las denuncias divulgadas por Deicy Jiménez en una entrevista con la revista Semana.
De acuerdo con la información publicada por ese medio, la investigación quedó en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un equipo especializado que tendrá la tarea de verificar los hechos denunciados y recaudar elementos de prueba.
Angie Rodríguez y Laura Sarabia, primeras citadas
Entre las primeras personas llamadas a diligencias de entrevista se encuentran Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el periodo en el que presuntamente ocurrieron algunos de los hechos denunciados.
La Fiscalía busca conocer la información que ambas exfuncionarias puedan aportar sobre los procesos de contratación y las posibles irregularidades señaladas en las recientes denuncias.
Según se supo, también podrían ser escuchados otros funcionarios, exfuncionarios y personas que tengan relación con los hechos materia de investigación. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas.
¿Qué denunció Deicy Jiménez?
Deicy Jiménez afirmó que habría recibido ofrecimientos de contratos con entidades estatales a cambio de encuentros sexuales con Gustavo Petro, cuando este ejercía la Presidencia de la República.
La joven también aseguró que otras mujeres habrían sido vinculadas a un supuesto esquema similar. Sus declaraciones fueron acompañadas, según la publicación periodística, de fotografías, audios y videos que deberán ser examinados por las autoridades competentes.
Se conoció además, que Jiménez figuró en contratos con distintas entidades públicas, entre ellas el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Sin embargo, la existencia de esos contratos no demuestra por sí sola que se hayan cometido irregularidades ni acredita las acusaciones formuladas.
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