La iniciativa contempla modificaciones tributarias para 2027 y 2028, mayores aportes a salud para trabajadores de ingresos altos y gravámenes a productos y servicios. El proyecto deberá ser debatido y aprobado por el Congreso. El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca reducir el déficit fiscal, reorganizar el gasto público y obtener recursos para financiar el presupuesto de 2027.
La propuesta incluye una serie de modificaciones tributarias que podrían afectar a consumidores, trabajadores, empresas y sectores económicos, aunque su contenido podrá cambiar durante el trámite legislativo. Entre las medidas planteadas figura ampliar el IVA del 5 % al 19 % para determinados bienes y servicios a partir de 2028, incluidos vehículos híbridos y eléctricos, medicina prepagada, servicios de vigilancia y aseo, además de algunos productos como café tostado, azúcar, pastas y chocolate de mesa. También se propone cobrar IVA a las compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico, independientemente del valor de la transacción, y modificar los impuestos aplicables a bebidas alcohólicas, cigarrillos, vapeadores y bebidas azucaradas.
El proyecto contempla, además, un impuesto extraordinario de normalización tributaria del 15 % para determinados activos omitidos y pasivos inexistentes, correspondiente al año gravable 2027. Asimismo, propone modificar progresivamente los aportes a salud de trabajadores dependientes e independientes según sus ingresos, manteniendo condiciones diferenciadas para quienes devengan hasta dos salarios mínimos. Las tarifas más altas se aplicarían a las personas con mayores ingresos, de acuerdo con los rangos establecidos en la iniciativa.La propuesta también incluye medidas de alivio para ciertos sectores, como la reducción gradual del impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, junto con incentivos para empresas que inviertan y generen empleo.
El Gobierno sostiene que la combinación de recortes del gasto y nuevos ingresos permitirá estabilizar las finanzas públicas. Sin embargo, las medidas no están vigentes por el solo hecho de haber sido radicadas: deberán ser discutidas por el Congreso, que podrá aprobarlas, modificarlas o rechazarlas.