El Congreso de Colombia aprobó la Ley de Sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa que establece nuevas condiciones para que integrantes de organizaciones criminales y grupos armados ilegales se entreguen a la justicia. El proyecto busca facilitar el desmantelamiento de estas estructuras a cambio de beneficios penales, sin otorgarles reconocimiento político.
Entre los principales cambios se contemplan reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30 % para cabecillas. Sin embargo, los jefes de estas organizaciones deberán cumplir condenas mínimas de diez años, mientras que quienes pretendan acogerse al mecanismo tendrán que colaborar con las autoridades y entregar información sobre actividades ilícitas y bienes de origen ilegal.
La norma también excluye de los beneficios a responsables del reclutamiento ilícito de menores y endurece las condiciones para condenados por lavado de activos, quienes deberán cumplir al menos seis años de pena antes de acceder al tratamiento previsto. Además, no contempla la suspensión automática de órdenes de captura ni de procesos de extradición, y establece que los sometidos deberán cumplir las condiciones de la justicia ordinaria.
Con la aprobación de ambas cámaras legislativas, la iniciativa avanza hacia su trámite final para convertirse en ley. Su implementación supondrá cambios importantes en la política de seguridad y sometimiento de estructuras criminales, al reemplazar el enfoque de negociación política de la denominada Paz Total por un modelo centrado en la entrega, la colaboración judicial y el desmantelamiento de las organizaciones ilegales.
