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Las autoridades encendieron las alarmas por el funcionamiento de estructuras criminales que operarían desde diferentes cárceles del país, utilizando teléfonos celulares y presuntos contactos dentro de las instituciones para coordinar actividades delictivas fuera de los centros penitenciarios.

De acuerdo con las investigaciones, el fenómeno ha dejado un preocupante balance: 213 funcionarios judicializados y más de 1.200 teléfonos celulares incautados, elementos que evidenciarían la dimensión de las redes de corrupción y comunicación ilegal que se estarían moviendo desde los establecimientos carcelarios.

Las pesquisas apuntan a que algunas de estas organizaciones utilizan a personas privadas de la libertad para continuar coordinando delitos, impartir instrucciones y mantener conexiones con estructuras criminales en las calles. La posible participación de funcionarios también pone bajo la lupa los mecanismos de vigilancia y control dentro del sistema penitenciario.

El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores desafíos de seguridad en Colombia: evitar que las cárceles se conviertan en centros de operación de organizaciones delincuenciales. Las cifras conocidas plantean interrogantes sobre la corrupción institucional, los controles tecnológicos y la capacidad del Estado para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde prisión.

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