Las autoridades colombianas investigan al menos 23 planes criminales dirigidos contra siete candidatos presidenciales, en un contexto de creciente tensión y riesgos de seguridad en la campaña electoral de 2026. La información, revelada por la revista Semana, pone en evidencia la magnitud de las amenazas que enfrentan los aspirantes en distintos puntos del país.
De acuerdo con las investigaciones, estos planes estarían vinculados a estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales con capacidad operativa en varias regiones, lo que ha encendido las alertas dentro de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. Las amenazas no solo incluyen posibles atentados directos, sino también acciones de intimidación y presión en zonas estratégicas del territorio nacional.
El panorama se agrava en medio de antecedentes recientes de violencia política y denuncias sobre posibles ataques contra figuras clave de la contienda, lo que ha llevado a reforzar los esquemas de protección de los candidatos y a intensificar los operativos de prevención. Este escenario refleja la persistencia de factores de riesgo estructurales en Colombia, donde actores armados ilegales continúan incidiendo en procesos democráticos.
La situación se presenta a pocas semanas de las elecciones presidenciales, programadas para mayo de 2026, en un ambiente marcado por la polarización política y la preocupación por la seguridad electoral. Analistas advierten que estos hechos podrían impactar el desarrollo normal de la campaña y aumentar la presión sobre el Estado para garantizar condiciones de participación seguras y transparentes.
