El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, deberá enfrentar un proceso judicial por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión ratifica lo determinado por un juzgado especializado que había rechazado las solicitudes de la defensa para frenar el caso, lo que abre el camino para que la Fiscalía avance con la acusación formal.
Según la investigación, Ortiz habría tenido un papel clave en el manejo de recursos públicos presuntamente desviados. Las autoridades sostienen que la exfuncionaria pudo haber recibido y transportado cerca de 3.000 millones de pesos que, según los testimonios recogidos por la Fiscalía, habrían sido entregados como sobornos a un alto dirigente del Congreso. El dinero provenía de contratos relacionados con proyectos de la UNGRD, entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.
Este caso forma parte de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, que involucra a exdirectivos de la UNGRD y a varios actores políticos. Las investigaciones apuntan a un posible esquema en el que recursos destinados a atender necesidades urgentes, como el suministro de agua en La Guajira, habrían sido utilizados para influir en decisiones políticas y obtener apoyos en el Congreso.
