El Salvador vive uno de los procesos judiciales más grandes de su historia reciente: un megajuicio contra casi 500 presuntos miembros de la pandilla MS-13, acusados de haber cometido más de 47.000 delitos, incluyendo miles de asesinatos, extorsiones y desapariciones.
El juicio, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, es parte de la ofensiva del gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, una estrategia que ha transformado el panorama de seguridad del país, pero que también ha generado fuertes críticas a nivel internacional.
Según la Fiscalía salvadoreña, los acusados —muchos de ellos líderes de alto rango— habrían ordenado o ejecutado cerca de 29.000 homicidios entre 2012 y 2022. Además, enfrentan cargos por delitos como tráfico de armas, feminicidios y pertenencia a organizaciones terroristas.
Uno de los aspectos más impactantes del proceso ha sido el testimonio de testigos protegidos, quienes han descrito prácticas sistemáticas de tortura, asesinatos masivos y control territorial ejercido por la pandilla. Estas declaraciones buscan demostrar la estructura criminal de la MS-13 y su capacidad para operar como un “Estado paralelo” dentro del país.
El juicio incluye a 486 imputados, muchos de los cuales participan de forma virtual desde cárceles de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la política de mano dura del gobierno. Algunos podrían enfrentar condenas de hasta 245 años de prisión.
Este proceso judicial se da en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha permitido la captura de más de 91.000 personas sospechosas de pertenecer a pandillas. Las autoridades defienden estas medidas asegurando que han logrado una reducción histórica en los homicidios, llevando la tasa a mínimos sin precedentes.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han encendido las alarmas. Denuncian detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y posibles condenas injustas debido a la naturaleza masiva del juicio. También advierten sobre muertes bajo custodia y restricciones al derecho a la defensa.
Incluso el propio gobierno ha reconocido que miles de detenidos fueron liberados tras comprobarse su inocencia, lo que aumenta la preocupación sobre la precisión del sistema judicial en este tipo de procesos masivos.
A pesar de las críticas, el presidente Bukele mantiene un alto nivel de popularidad en su país, impulsado en gran parte por la disminución de la violencia y el control territorial recuperado frente a las pandillas.
Se espera que el juicio se extienda durante varios meses y marque un precedente en la lucha contra el crimen organizado en América Latina, mientras el mundo observa con atención el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
