La revelación de nuevos audios sobre reuniones entre emisarios del Gobierno nacional y representantes de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, generó una fuerte controversia política en Colombia. Las grabaciones, difundidas por medios de comunicación, muestran conversaciones entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el abogado del presunto contrabandista, en las que se habla de posibles condiciones para que Marín se entregue a la justicia y colabore con las autoridades.
Tras conocerse el material, dirigentes políticos, candidatos presidenciales y congresistas expresaron críticas y exigieron explicaciones al Gobierno. Desde distintos sectores señalaron que las reuniones y los posibles ofrecimientos judiciales al señalado “zar del contrabando” representarían un hecho grave que podría afectar la institucionalidad y el uso de los organismos de inteligencia del Estado.
Ante la polémica, el presidente Gustavo Petro afirmó que los contactos tenían como único objetivo persuadir a Marín para que regresara al país y respondiera ante la justicia, negando que se hubieran hecho negociaciones indebidas. No obstante, el caso continúa generando debate político, debido a que en los audios también se menciona que el contrabandista tendría información sensible que podría comprometer a figuras del entorno gubernamental.
