El terremoto registrado el pasado 10 de agosto dejó una nueva preocupación para miles de familias afectadas. De acuerdo con un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 96.581 personas quedaron en riesgo de desplazamiento forzado debido a las consecuencias del sismo, que dejó además un balance preliminar de 319 muertos, más de 4.500 heridos y cerca de 31.000 viviendas destruidas.
La situación es especialmente compleja en departamentos como Chocó, Cauca, Putumayo y Norte de Santander, territorios que durante años han sufrido desplazamientos asociados al conflicto armado. CODHES advierte que algunas comunidades enfrentan ahora una denominada “doble afectación”, pues personas que ya habían tenido que abandonar sus hogares por la violencia podrían verse obligadas a desplazarse nuevamente como consecuencia de los daños provocados por el desastre natural.
El escenario también pone a prueba la aplicación de la Ley 2577 de 2026, que reconoció en Colombia el desplazamiento interno ocasionado por desastres naturales, degradación ambiental y cambio climático. La norma creó el Registro Único de Desplazamiento Ambiental (RUDA), pero este mecanismo todavía está pendiente de implementación. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tiene plazo hasta finales de enero de 2027 para establecer su metodología, procedimiento de inscripción y operación.
Mientras avanza ese proceso, las personas damnificadas continúan siendo atendidas mediante los mecanismos de respuesta a la emergencia. Sin embargo, CODHES señala que la ayuda inmediata no siempre permite identificar las necesidades de quienes podrían enfrentar un desplazamiento prolongado, pérdida de vivienda, afectación de sus medios de subsistencia o imposibilidad de regresar a sus territorios. La preocupación es aún mayor en comunidades indígenas y afrodescendientes, para las cuales el territorio representa también un espacio de vida comunitaria, económica y cultural.
