Las autoridades identificaron a varios líderes de estructuras delincuenciales que, pese a estar recluidos en centros penitenciarios, continuarían coordinando actividades extorsivas contra comerciantes, transportadores y ciudadanos.
La extorsión continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Según información revelada por las autoridades, al menos 25 cabecillas de organizaciones criminales estarían ordenando cobros extorsivos desde diferentes centros penitenciarios del país. El comandante de la Policía Metropolitana, general Miguel Camelo Sánchez, aseguró que 18 de estos delincuentes pertenecen a la estructura de Los Costeños y siete son de Los Pepes
La situación mantiene en alerta a organismos de seguridad, comerciantes y sectores productivos, que siguen siendo blanco de amenazas y exigencias económicas por parte de estructuras delincuenciales.
De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades, varios de estos cabecillas pertenecen a organizaciones criminales con presencia en Barranquilla y municipios del Atlántico. A pesar de encontrarse privados de la libertad, continuarían utilizando teléfonos celulares y redes de colaboradores externos para coordinar extorsiones y otras actividades ilícitas.
Las investigaciones señalan que las víctimas más frecuentes son comerciantes, pequeños empresarios, conductores del transporte público y propietarios de establecimientos comerciales, quienes reciben llamadas intimidatorias en las que se exigen pagos a cambio de supuesta protección o para evitar ataques contra sus negocios.
Las autoridades han intensificado los operativos dentro de establecimientos penitenciarios para detectar equipos de comunicación ilegal y cortar los canales utilizados por los grupos delincuenciales. Asimismo, se mantienen investigaciones para identificar a las personas que facilitan estas actividades desde el exterior. “Tenemos delincuentes que desde allí (Centros carcelarios) articulan todo el tema de extorsión. Parte del trabajo que realiza el Gaula es coordinar con la Fiscalía para obtener órdenes de allanamiento en estos centros penitenciarios y así incautar teléfonos celulares que posteriormente hacen parte de los procesos investigativos”, señaló.
Camelo indicó que otra de las estrategias implementadas es el denominado ‘Plan Dominó’, desarrollado conjuntamente con el Inpec, que consiste en el traslado de internos entre diferentes cárceles del país. Sin embargo, reconoció que esta medida solo genera efectos temporales.
“Los traslados brindan un espacio de tranquilidad, pero no son definitivos. Lo que ocurre es que estos delincuentes vuelven a conseguir celulares y retoman las comunicaciones con sus estructuras criminales. Si realmente existiera un aislamiento efectivo en los centros penitenciarios, quedarían cortadas las comunicaciones con las organizaciones que operan en las ciudades”, afirmó el comandante.
Mientras avanzan las investigaciones, el desafío sigue siendo impedir que estructuras criminales mantengan influencia sobre actividades ilícitas desde los centros de reclusión, una problemática que continúa afectando la seguridad y la economía de Barranquilla y el Atlántico.
