El presidente Abelardo De la Espriella entregó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría el denominado ‘Libro de la Verdad’, un documento de 135 páginas que reúne 82 casos relacionados con presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro. El informe recopila información sobre contratos, convenios, decisiones presupuestales y manejo de recursos públicos en diferentes entidades del Estado.
De acuerdo con el Gobierno, el propósito es que los organismos de control determinen si hubo responsabilidades y establezcan qué ocurrió con los recursos públicos involucrados.Una de las principales alertas está relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El documento cuestiona la baja ejecución presupuestal de la entidad, pues señala que durante el periodo analizado solo se habría ejecutado el 4,3 % de un presupuesto de $15,3 billones. También menciona la falta de reintegro de $240.766 millones relacionados con el escándalo de los carrotanques destinados a La Guajira.
A esto se suma la preocupación por la gestión de recursos destinados a atender a esa región: entre 2022 y julio de 2026 se habrían suscrito 1.085 contratos por $11,78 billones bajo el marco de la sentencia T-302, sin que, según el informe, existan resultados verificables suficientes para la población infantil de La Guajira.
La tercera alerta apunta a la contratación mediante prestación de servicios. El nuevo Gobierno cuestiona que durante la administración Petro se hayan suscrito cerca de 900.000 contratos de esta naturaleza, cifra que Abelardo De la Espriella calificó como una posible “nómina paralela”. Según el documento, estos contratos representarían alrededor de $15 billones y dejarían compromisos económicos para la nueva administración.
El cuarto punto está relacionado con la seguridad: el informe advierte sobre un déficit presupuestal cercano a $14 billones en la Fuerza Pública y señala problemas de mantenimiento de aeronaves. Como ejemplo, sostiene que solamente ocho de los 19 helicópteros MI-17 estarían operativos, situación que, según el Gobierno entrante, habría afectado la capacidad de respuesta frente a la expansión de los grupos armados. La quinta alerta está relacionada con Colombia Mayor, programa destinado a apoyar económicamente a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El informe advierte que los recursos disponibles para 2026 se habrían utilizado entre enero y julio, dejando en cuestión la financiación del programa para los meses restantes del año.
La sexta alerta se concentra en el Fondo de Igualdad (Fonigualdad), administrado por el Ministerio de la Igualdad. Según el documento, este mecanismo habría permitido ejecutar recursos sin aplicar los procedimientos ordinarios de contratación contemplados en la Ley 80. Entre los cuestionamientos aparece el pago de $140.910 millones a una empresa de servicios temporales, sin que, según la denuncia recogida en el informe, existieran suficientes soportes para demostrar que el personal contratado cumplió efectivamente las finalidades para las cuales fueron destinados los recursos. La séptima alerta se refiere a la reforma agraria y la entrega de tierras. El ‘Libro de la Verdad’ señala que de las 351.463 hectáreas adjudicadas durante el periodo analizado, solamente 95.148 contarían con todos los registros requeridos, mientras que para la compra de predios se habría destinado cerca de $1 billón.
La octava alerta corresponde a Air-e, empresa encargada de la prestación del servicio de energía en buena parte de la región Caribe. El documento sostiene que la compañía pasó de registrar un patrimonio de $2,22 billones en 2023 a un déficit de $377.662 millones en 2025 y atribuye a la administración Petro pérdidas acumuladas cercanas a $2,5 billones. Esta situación se convierte en uno de los principales cuestionamientos para el nuevo Gobierno por sus posibles efectos sobre el suministro eléctrico y las finanzas del sector.
Finalmente, las dos últimas alertas están relacionadas con Fomag y las finanzas públicas. En el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el informe señala un presunto detrimento de $548.000 millones y cuestiona tanto el funcionamiento del sistema de salud de los docentes como las demoras en el pago de pensiones, que en algunos casos llegarían hasta siete años. La décima alerta corresponde al déficit fiscal y al costo de la deuda pública: el Gobierno de De la Espriella advierte sobre el nivel de endeudamiento heredado y sostiene que algunas obligaciones adquiridas tendrían tasas especialmente elevadas.
En conjunto, estas diez alertas forman parte de los 82 casos incluidos en el documento, que ahora deberán ser revisados por los organismos de control para determinar si las situaciones denunciadas constituyen efectivamente irregularidades, detrimentos o posibles delitos.
