La Procuraduría General de la Nación puso bajo revisión el contrato suscrito por Air-e con la empresa China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante el cual se contempla gestionar financiación de hasta $1 billón para proyectos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. El organismo de control requirió información tanto a Air-e como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) sobre las condiciones del acuerdo.
El procurador general, Gregorio Eljach, explicó que la entidad conoció el caso a través de EL HERALDO y decidió iniciar actuaciones de carácter preventivo para determinar si el negocio se realizó conforme a las normas. Eljach llamó especialmente la atención sobre el momento en que fue firmado el acuerdo, debido a que el interventor de Air-e, Jaime Mesa Buitrago, había anunciado que estaba próximo a finalizar su periodo al frente de la empresa intervenida.
Entre los aspectos que la Procuraduría pidió aclarar está si el contrato requería autorización previa, aprobación o algún tipo de no objeción por parte de la Superservicios. También solicitó establecer si existen cláusulas de confidencialidad que puedan limitar el acceso de las autoridades de control a los términos del acuerdo y cómo las nuevas obligaciones encajan dentro del esquema de solución empresarial de Air-e. Otro punto de interés es el posible impacto de la financiación y las inversiones sobre las tarifas que pagan los usuarios.
El acuerdo contempla recursos para renovar subestaciones, ampliar y expandir redes de distribución y transmisión, aumentar la capacidad del sistema y fortalecer la infraestructura eléctrica de la región Caribe. Según lo informado por Air-e, el contrato tendrá una duración de 60 meses, contempla un año de gracia contado desde la entrada en operación de la infraestructura financiada y establece una tasa de interés del 5,2 % efectivo anual.
