El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender los convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el esquema mediante el cual Colombia acordó la producción de estos documentos con la Imprenta Nacional de Portugal.
La controversia judicial se originó por una demanda que cuestionó los convenios suscritos entre la Cancillería, el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional de Colombia. Entre los argumentos presentados se señalaron posibles irregularidades en la contratación pública, dudas sobre el respaldo presupuestal y la existencia de acuerdos con el mismo objeto y periodos de ejecución paralelos.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el costo del modelo. La demanda advirtió que el acuerdo contempla recursos del Presupuesto General de la Nación y que podrían presentarse adiciones presupuestales y prórrogas, lo que dificultaría establecer desde ahora cuánto terminaría pagando el Estado por la producción de pasaportes durante el periodo pactado.
La decisión representa un nuevo revés judicial para el esquema de pasaportes impulsado por la administración Petro. El proceso continuará en los tribunales mientras se estudian de fondo los cuestionamientos sobre los convenios y las presuntas irregularidades denunciadas. La medida no significa, por sí sola, que se haya declarado ilegal todo el nuevo modelo, sino que afecta temporalmente los convenios mientras avanza el proceso judicial.
