La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, enfrenta cuestionamientos tras conocerse señalamientos sobre una presunta instrucción para cambiar los delitos imputados a 11 integrantes de la llamada Primera Línea en Bogotá, investigados por ataques contra buses y estaciones de TransMilenio durante las protestas sociales. Según la denuncia periodística, la propuesta habría buscado sustituir el delito de terrorismo por el de asonada, lo que podría representar beneficios judiciales para los procesados.
De acuerdo con los testimonios citados en la investigación, durante una reunión de directivas de la Fiscalía realizada en junio se habría planteado modificar la calificación de los delitos o recurrir a un principio de oportunidad. Sin embargo, las fiscales encargadas del caso se habrían opuesto a cambiar la imputación. Posteriormente, una resolución firmada por Camargo, el 16 de junio de 2026, reasignó el expediente a otro grupo de trabajo de la entidad.
El caso involucra hechos como presuntos ataques con artefactos explosivos, daños a vehículos del sistema de transporte público y amenazas contra ciudadanos. La investigación también señala que los acuerdos negociados contemplaban penas de entre cinco y siete años de prisión y que, en algunos casos, se retiró el delito de terrorismo o se redujo el grado de participación atribuido a los procesados. Siete de los 11 investigados aceptaron los cargos incluidos en los acuerdos.
La situación ha generado inconformidad entre las víctimas reconocidas en el proceso, entre ellas TransMilenio y la Universidad Nacional, que cuestionaron los términos de las negociaciones y acudieron a una acción de tutela para que se conozcan sus alcances. Las acusaciones contra la fiscal general se basan en los testimonios y documentos divulgados; la controversia gira en torno a si las decisiones adoptadas respondieron a criterios jurídicos de justicia restaurativa o si terminaron favoreciendo indebidamente a los investigados.
