La disputa limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia volvió a quedar en el centro de la discusión política del Atlántico, luego de los recientes pronunciamientos de los alcaldes Alejandro Char y Plinio Cedeño sobre la jurisdicción de sectores como Villa Campestre, el Corredor Universitario y Ciudad Mallorquín.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró lo que considera un respaldo a la posición del Distrito por parte de dos sentencias del Consejo de Estado y del informe técnico presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ante el Congreso. Según la interpretación del Distrito, la delimitación propuesta permitiría incorporar a Barranquilla más de 1.036 hectáreas, incluyendo zonas de gran desarrollo urbanístico y económico.
Durante una visita a Villa Campestre, Char anunció que Barranquilla prepara inversiones en infraestructura, alumbrado, parques y espacio público para estos sectores. El mandatario sostuvo que con la definición territorial la ciudad podrá llevar sus proyectos de desarrollo a una zona que, según su posición, históricamente le ha pertenecido.
La reacción de Puerto Colombia no se hizo esperar. El alcalde Plinio Cedeño rechazó las declaraciones de Char y aseguró que Villa Campestre continúa bajo jurisdicción de Puerto Colombia, por lo que su administración seguirá defendiendo el territorio en las instancias correspondientes. Cedeño cuestionó además que se presentara el asunto como una decisión definitiva cuando, según explicó, el proceso todavía debe surtir las etapas previstas por la ley.
El Congreso tendrá la última palabra
Uno de los puntos centrales de la discusión es el papel del Congreso de la República. Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, recordó que esta instancia es la encargada de adoptar la decisión definitiva sobre el diferendo.
El representante Jaime Santamaría explicó que el informe del IGAC constituye un insumo importante, pero todavía debe ser analizado por las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara. Posteriormente deberán elaborarse ponencias, realizarse los debates correspondientes y avanzar hacia una decisión que, en última instancia, deberá ser sometida a consideración del Congreso.
Mientras Barranquilla considera que el concepto técnico fortalece su posición, desde Puerto Colombia insisten en que el documento del IGAC no es vinculante y que todavía no existe una decisión definitiva que modifique los límites municipales.
Residentes de Villa Campestre están divididos
La controversia también genera incertidumbre entre los habitantes de Villa Campestre. Algunos residentes consideran que la incorporación a Barranquilla podría significar mayores inversiones y mejores servicios de infraestructura, mientras otros expresan preocupación por un eventual aumento en los costos de servicios públicos o cambios en la estratificación.
El trasfondo económico también es importante. La zona concentra numerosos conjuntos residenciales, edificaciones, instituciones educativas, centros comerciales y otros desarrollos que generan ingresos importantes mediante impuestos y actividades económicas.
Por ahora, la disputa continúa abierta y enfrenta posiciones políticas y jurídicas de ambos municipios. Mientras Barranquilla asegura que está ante la recuperación de territorios que considera propios, Puerto Colombia insiste en que seguirá defendiendo su jurisdicción hasta que el Congreso adopte una decisión definitiva.
