La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, con respaldo del Ejército Nacional, amplió las medidas cautelares contra el conglomerado detrás de Lili Pink. La nueva fase de la operación afectó 45 propiedades —17 rurales y 28 urbanas— repartidas entre Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, con un valor conjunto que supera los 184.615 millones de pesos.
Según la Fiscalía, la empresa de ropa interior y accesorios habría usado su fachada comercial para facilitar el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando. El caso se remonta a 2022, cuando la Dian detectó movimientos financieros sospechosos —importaciones ficticias, facturación inflada, empresas con representantes legales repetidos— que activaron una investigación reservada para evitar filtraciones.
Esa pesquisa desembocó en una inspección sorpresa a la sede principal de Pink Life S.A.S. en Barranquilla, en marzo de 2022, donde las autoridades recolectaron documentos contables y equipos tecnológicos durante una diligencia de diez horas. Desde entonces, el caso ha derivado en múltiples acciones judiciales, incluidas capturas de directivos y contratistas vinculados a la operación.
La empresa ha rechazado las acusaciones, sosteniendo que su actividad comercial se ha ajustado siempre a la ley y que los señalamientos corresponden a una disputa jurídica todavía sin resolver. Mientras el proceso avanza, Lili Pink —ya intervenida— ha intentado reinventarse comercialmente bajo una nueva marca, Lili Beauty.
