El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella avanza en la elaboración de una nueva ley de sometimiento dirigida a las denominadas “megaestructuras” criminales. La iniciativa busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones ilegales puedan acogerse a la justicia bajo condiciones definidas por el Estado.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el proyecto se construye junto con el Ministerio del Interior, la Presidencia, la Fiscalía y otras entidades. Según el funcionario, algunos procesos ya están en marcha y uno de los primeros casos que podría servir como referencia es el de los Comandos de la Frontera.
Uno de los puntos que genera debate es la posibilidad de establecer un trato diferenciado para quienes se sometan a la justicia, aunque el Gobierno ha señalado que no habrá impunidad, negociaciones políticas prolongadas ni “rebajas desproporcionadas” de penas. Las condiciones concretas de eventuales beneficios todavía deberán quedar establecidas en el proyecto que será discutido por el Congreso.
Cancino señaló que quienes decidan acogerse deberán aceptar las condiciones fijadas por el Estado y asumir las consecuencias jurídicas correspondientes. El Gobierno espera presentar el proyecto ante el Congreso en las próximas semanas, mientras continúa definiendo su contenido y los mecanismos para aplicar los primeros procesos de sometimiento.
