Ante la llegada que ya se proyecta del fenómeno de El Niño, la Contraloría General de la República instó a las autoridades del Gobierno Nacional y de los territorios a adoptar las acciones que permitan minimizar las afectaciones de este evento climático. Puntualmente, recomienda que se revisen, evaluar los instrumentos regulatorios para el manejo de todos los embalses del país, de forma que se privilegie la acumulación máxima posible de agua en estos.
El órgano de control también explicó que “la ocurrencia del Fenómeno de El Niño incide de forma directa en las capacidades de abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica para todas las comunidades del país y por ello resulta imprescindible que las instancias competentes consideren la adopción inmediata de las acciones necesarias y suficientes que permitan preparar al país para minimizar estas afectaciones”.
En razón a lo anterior, la entidad se refirió a una serie de factores que inciden en el desempeño de la generación de energía eléctrica. Entre ellos, se refirieron al crecimiento sostenido de la demanda en un entorno de condiciones hidrológicas cada vez más severas; los retrasos en la entrada en operación comercial de nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica; la demora en el pago de subsidios, contribuciones y opción tarifaria a las empresas del sector eléctrico; y el adecuado abastecimiento de gas natural para la pronta operación de las centrales térmicas.
Para la Contraloría, se observa una profundización del riesgo sistémico como consecuencia de medidas de intervención estatal de empresas del sector, particularmente en el caso de Air-e, así como las dificultades económicas que enfrentan los comercializadores que atienden a los usuarios, particularmente en la región Caribe, derivadas de los bajos niveles de recaudo y el incremento de pérdidas.
Se advierte entonces que la combinación de un Fenómeno de El Niño, más el actual déficit de energía eléctrica en firme, más los retrasos en la ejecución y entrada en operación de proyectos de generación y más la elevada deuda del Gobierno Nacional con los actores del sector eléctrico del país, estimada en $8,2 billones, “sin duda va a configurar una crisis severa y de carácter estructural al sistema eléctrico del país”.
