La situación financiera de Air-e vuelve a estar en el centro del debate luego de conocerse un contrato suscrito con la empresa China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante el cual se contempla financiar hasta $1 billón en proyectos de modernización y expansión de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La Procuraduría General de la Nación ya pidió información detallada sobre las condiciones del acuerdo.
El contrato, con una duración de 60 meses, contempla que la empresa china gestione los recursos para financiar las obras que sean priorizadas y aprobadas por un comité técnico. El esquema establece un año de gracia después de la entrada en funcionamiento de la infraestructura financiada y una tasa de interés del 5,2 % efectivo anual. Air-e sostiene que los recursos serán destinados a renovar y ampliar las redes eléctricas.
Sin embargo, expertos del sector han advertido que asumir nuevas obligaciones de largo plazo podría aumentar la presión sobre las finanzas de una compañía que permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y que atraviesa una situación económica crítica. También existen interrogantes sobre quién autorizó el negocio, cuál fue el análisis de beneficio y costo y de qué manera se garantizará el pago de las obligaciones sin afectar a los usuarios.
La Procuraduría busca establecer si Air-e necesitaba autorización previa de la Superservicios para celebrar el acuerdo, si existen cláusulas de confidencialidad y cuál podría ser el impacto de la financiación sobre las tarifas. El Ministerio Público tampoco descarta solicitar el apoyo de la Contraloría para realizar una eventual auditoría que permita revisar en detalle el contrato y sus implicaciones.
La preocupación adquiere mayor relevancia debido a que Air-e presta el servicio a más de 1,3 millones de usuarios en los tres departamentos de la región Caribe. Mientras algunos representantes de los usuarios reconocen que la modernización de las redes es necesaria y que las condiciones financieras del acuerdo parecen favorables, también reclaman transparencia y garantías de que las nuevas obligaciones no terminen agravando la situación de la empresa ni trasladándose a los hogares.
