La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ofrecer excusas públicas a la familia del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al considerar que la entidad vulneró derechos fundamentales relacionados con la intimidad familiar, la honra, el buen nombre, la verdad y el acceso a la información.
La decisión está relacionada con la divulgación de información sobre el esquema de seguridad que protegía a Uribe Turbay y aspectos de la intimidad de su núcleo familiar. La Corte cuestionó que información vinculada con la operación de protección hubiera sido expuesta públicamente, afectando los derechos de la familia.
El alto tribunal también se refirió a la narrativa que llegó a plantearse alrededor del atentado contra el dirigente político, incluida la hipótesis de un supuesto “autoatentado”. La decisión judicial llama la atención sobre las actuaciones y declaraciones realizadas desde la UNP en medio de la controversia por las condiciones de seguridad que tenía Uribe Turbay antes del ataque.
La Corte estableció medidas de reparación para la familia y ordenó a la UNP realizar un acto público de excusas. El fallo se conoce mientras continúan las investigaciones relacionadas con el asesinato de Miguel Uribe Turbay y las posibles responsabilidades que pudieron existir alrededor de su esquema de protección.
