La Universidad Autónoma del Caribe atraviesa una nueva crisis administrativa y jurídica tras las decisiones judiciales y los recientes nombramientos que mantienen en disputa la dirección de la institución. El pasado 9 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla revocó el fallo que había permitido el regreso de Silvia Beatriz Gette Ponce a la rectoría en abril de este año, lo que abrió nuevamente el camino para el retorno de Jorge Senior, elegido para el periodo 2026-2030.
Sin embargo, la controversia se intensificó luego de que el Consejo Superior designara a la profesora Ana Bernarda Sajer Maldonado como nueva rectora, con cinco votos de los siete integrantes de la corporación. Mientras Sajer asumió funciones, Senior retomó sus labores en la universidad y adoptó decisiones administrativas, entre ellas la salida de varios funcionarios. La situación ha generado cuestionamientos sobre la validez de los nombramientos y la autoridad que debe ejercer la dirección de la institución.
El Ministerio de Educación señaló que la universidad permanece bajo medidas preventivas y de vigilancia especial desde 2018, debido a dificultades administrativas y financieras que todavía requieren atención. Además, explicó que la prórroga de Senior por un año buscaba garantizar la continuidad de las medidas de seguimiento, el plan de pagos y el mecanismo fiduciario. Entretanto, miembros de la comunidad universitaria han reclamado claridad jurídica y estabilidad administrativa, en medio de una crisis financiera que, según declaraciones recogidas por EL HERALDO, habría elevado las deudas de la institución de 170.000 a 210.000 millones de pesos.
