La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció la solicitud para llevar a cabo una audiencia de imputación de cargos en contra de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, señalado como uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc y líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

La decisión representa un punto de quiebre en el proceso de Paz Total impulsado por el gobierno Petro, al tratarse de uno de los voceros designados en la mesa de negociación con el Estado.

Las pruebas y los hechos documentados

El requerimiento formal, que ya fue entregado en la Casa de Nariño, se apoya en pruebas técnicas recolectadas por los investigadores en junio de 2024. Durante un operativo en la zona de Anorí, se incautaron dispositivos electrónicos que, según el análisis forense, documentan la implicación personal de ‘Calarcá’ en nuevas actividades criminales, vulnerando su rol como vocero oficial en los diálogos de paz. KCH FM

Entre los hechos documentados por la Fiscalía se encuentran el homicidio de la lideresa indígena nasa Carmelina Yule, ocurrido en marzo de 2024 en Toribío (Cauca); la masacre de 26 personas en Miravalle (Guaviare) en enero de 2026, en la que murieron siete menores de edad; y la continuidad de acciones terroristas en el Meta mediante el uso de explosivos contra el comercio entre 2024 y 2025. Además, el ente investigador le atribuye la instalación de minas antipersonal en Antioquia, en un ataque que dejó muertos a seis soldados, así como la dirección de una estrategia criminal que incluye extorsiones, desplazamientos forzados y delitos ambientales.

La posición de la Fiscal

La jefe del ente acusador aseguró que son al menos cinco hechos documentados que advierten crímenes de guerra y lesa humanidad, cuyo responsable sería alias ‘Calarcá’, de ahí que procederán con la imputación de cargos para que el cabecilla de las disidencias pueda conocer las pruebas en su contra.

La fiscal Camargo fue enfática al señalar que, aunque es comprensible que las estructuras armadas ilegales no cesen totalmente sus actividades hasta lograr un acuerdo definitivo, la conducta individual de los voceros designados debe ser intachable. “El vocero sí no debe cometer delitos”, aseveró.

Petición al Gobierno y desacuerdo con la Comisionada

La decisión se tomó tras una reunión entre delegados de la Fiscalía y representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la que no se logró un acuerdo sobre la posible reactivación de la orden de captura contra el cabecilla guerrillero. Por ahora, la orden judicial en su contra sigue suspendida, medida adoptada en el marco de la política de Paz Total.

La fiscal señaló que buscarán con prontitud la fecha de audiencia para realizar la imputación, y expresó su expectativa de que el presidente Petro se pronuncie rápidamente sobre la solicitud, para que conozca las razones por las que la Fiscalía considera que estas personas no deben estar en una mesa de negociación. Infobae

El proceso también involucra al Frente 33

Este proceso no solo afecta a Díaz Mendoza. La Fiscalía también ha solicitado acciones similares contra tres miembros del Frente 33 de las disidencias, a quienes se les vincula con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones y reclutamiento de menores en la región del Catatumbo. KCH FM

Un grupo especial para estructurar la imputación

La Fiscalía conformó un grupo interinstitucional para unificar procesos y evidencias en un solo frente, con el objetivo de estructurar una imputación sólida por los delitos que se le atribuyen al cabecilla disidente. La entidad también advirtió que si ‘Calarcá’ no se presenta a la audiencia, solicitará avanzar en el proceso mediante la figura de la contumacia. El Colombiano

La Fiscalía reiteró que la suspensión de la orden de captura no es indefinida y depende del cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en el marco de la paz total, y que la evaluación será periódica teniendo en cuenta nuevos hechos, especialmente aquellos relacionados con violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario.


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