Un informe entregado a la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades dentro del sistema penitenciario colombiano. La Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión denunció que algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían dificultando las investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción, tortura, violencia sexual y otras violaciones a los derechos humanos al interior de las cárceles del país.
De acuerdo con el documento, las restricciones se intensifican cuando las visitas de verificación buscan indagar hechos que comprometen la actuación de integrantes de la guardia penitenciaria. Entre las presuntas trabas denunciadas figuran la prohibición de realizar entrevistas privadas con personas privadas de la libertad, limitaciones para utilizar cámaras o grabadoras e incluso interrupciones de conversaciones cuando se abordan denuncias de presuntos abusos. La Comisión advirtió que estas prácticas afectarían la transparencia y podrían favorecer la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
La denuncia llega en medio del seguimiento que realiza la Corte Constitucional al estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario colombiano. Los magistrados también han advertido recientemente sobre obstáculos para la labor de inspección en establecimientos penitenciarios y centros de detención transitoria, por lo que ordenaron al Inpec, al Ministerio de Justicia y a otras entidades adoptar medidas que garanticen el acceso de organismos de control, académicos y veedurías a estos lugares, con el fin de fortalecer la vigilancia independiente sobre las condiciones de reclusión y el respeto por los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
