El Gobierno nacional presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios con el caricaturista Julio César González Quiceno, “Matador”. El contrato, firmado en la administración Petro, era para actividades pedagógicas y de divulgación del Acuerdo de Paz.
El documento, fechado el 14 de octubre y firmado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre, pide investigar posibles delitos como peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. También señala a Gloria Isabel Cuartas Montoya, supervisora del contrato, y a quienes lo estructuraron.El contrato 1937 de 2024 se firmó el 11 de octubre de 2024 por contratación directa, con un valor inicial de $257.040.000, que un otrosí de diciembre de 2024 redujo a $216 millones.
La denuncia dice que algunas actividades se acreditaron con evidencias posteriores al período facturado y que ciertos talleres, como uno en San José del Guaviare, se habrían usado para justificar más de un pago. También cuestiona que el contrato incluyera IVA aunque el RUT de Matador lo señalaba como no responsable, algo que se corrigió en el otrosí, y que el nombre del caricaturista aparezca mal escrito en un apartado del contrato.A la Fiscalía le piden el expediente completo, los doce informes mensuales, los pagos y una inspección forense de las evidencias digitales. El documento advierte que los hallazgos son hipótesis que deben verificarse, y aclara que la contratación directa no es ilegal por sí misma. El artículo no recoge respuesta de Matador ni de Cuartas.
