El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0415 de 2026, con el que ordena el traslado de más de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, en una de las decisiones más relevantes recientes en materia pensional. La medida aplica para los afiliados que se trasladaron del régimen de ahorro individual al público en el marco de la reforma pensional, y establece reglas claras sobre el proceso y los tiempos de ejecución.
Según la normativa, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán realizar el giro de los recursos en plazos estrictos: el 50% en un máximo de 20 días hábiles y el restante en los 10 días siguientes. El traslado incluye tanto el capital ahorrado como los rendimientos generados, y podrá hacerse en efectivo o mediante títulos autorizados, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera.
La decisión ha generado fuerte controversia entre expertos y gremios del sector, que advierten posibles riesgos fiscales y jurídicos. Entidades como la Contraloría y organizaciones como Asofondos han señalado que el traslado podría afectar la sostenibilidad del sistema pensional e incluso derivar en demandas contra el Estado, mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para garantizar el equilibrio financiero del régimen público.
