Los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes recuperaron su libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia. La medida no significa que hayan sido absueltos de las acusaciones por presunta corrupción.
Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle salieron de la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de que se hiciera efectiva la orden de libertad provisional concedida por la Corte Suprema de Justicia. La decisión se produjo en el marco del proceso penal que enfrentan por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que ambos abandonaron el centro de reclusión después de verificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.La libertad fue concedida por vencimiento de términos, tras cumplirse el plazo legal sin que se hubiera instalado la audiencia de juzgamiento en las condiciones previstas por la ley. La Corte evaluó que había transcurrido un año desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que comenzara esa etapa procesal.
Para hacer efectiva la medida, los excongresistas debieron cumplir las condiciones económicas y judiciales establecidas por el alto tribunal, incluida una caución equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.Name y Calle son investigados por los presuntos delitos relacionados con el pago de sobornos y la apropiación de recursos públicos en el entramado de la UNGRD.
Según la hipótesis de la investigación, habrían recibido 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos, respectivamente, en hechos que estarían relacionados con el supuesto apoyo a iniciativas legislativas del Gobierno nacional. Los señalamientos hacen parte de un proceso que deberá continuar ante la justicia.La decisión de concederles la libertad provisional no equivale a una absolución ni elimina las acusaciones. Ambos deberán seguir vinculados al proceso judicial, en el que se examinarán las pruebas y se determinará su eventual responsabilidad penal. La controversia alrededor del caso continúa siendo uno de los capítulos más relevantes de las investigaciones por presunta corrupción en la gestión de recursos públicos en Colombia.
