‘Las denuncias sobre el denominado ‘Pacto de Valledupar’ pusieron bajo la lupa al Gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de que Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asegurara que delegados del Ejecutivo les habrían pedido a antiguos comandantes paramilitares lanzar señalamientos contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras, con presuntos fines políticos y electorales.Según Mancuso, la solicitud se habría presentado durante los acercamientos realizados en 2025 para reunir a antiguos jefes paramilitares en Valledupar.
El excomandante afirmó que los participantes se negaron a realizar las declaraciones solicitadas, situación que habría provocado la frustración del encuentro.Las denuncias también fueron expuestas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró que recibió instrucciones para coordinar una reunión con antiguos integrantes de las AUC. Según su versión, aunque el propósito formal estaba relacionado con la paz y la reconciliación, la misión habría tenido un trasfondo político.
Ante la gravedad de los señalamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos, establecer quiénes participaron en las reuniones y determinar si existieron presiones, ofrecimientos de beneficios judiciales o intentos de promover declaraciones falsas contra dirigentes políticos. Por su parte, Gustavo Petro rechazó que hubiera ordenado presionar a los exjefes paramilitares para que declararan contra los dirigentes mencionados. El exmandatario pidió que se conozcan las actas, comunicaciones y grabaciones relacionadas con los encuentros, y sostuvo que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante pruebas y decisiones judiciales.
La Fiscalía tendrá que determinar si las reuniones se realizaron con los fines denunciados y si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales. Por ahora, los señalamientos constituyen denuncias que deben ser verificadas por las autoridades y no hechos judicialmente probados.
