La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que el Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, el cual, según ella, pone en riesgo la propiedad privada en el país. La norma fue emitida por el Ministerio de Agricultura cuando restaban 16 días para el final del mandato de Petro.
De acuerdo con Valencia, el decreto amplía de manera indebida las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), permitiéndole cancelar gravámenes, registrar la “posesión inmediata” de predios sin entrega física y generar efectos registrales con una simple promesa de compraventa. La dirigente sostiene que estas medidas modifican el Estatuto Registral mediante un decreto y dejan de lado a jueces y registradores.
La aspirante presidencial también cuestionó el trámite de expedición de la norma, asegurando que el Gobierno abrió el periodo de comentarios públicos entre el 2 y el 8 de julio y firmó el decreto el 15 de julio.
En su opinión, se trató de un procedimiento acelerado y advirtió que el decreto podría ser demandado ante el Consejo de Estado por considerarlo ilegal e inconstitucional. Hasta ahora el Gobierno nacional no había respondido públicamente a los señalamientos de Valencia sobre el alcance del decreto.
