El presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones contra la representante Gloria Arizabaleta luego de que la congresista promoviera una medida para suspenderlo temporalmente de su cargo en medio de una investigación por presunta participación en política. La decisión generó una fuerte controversia jurídica y política en el país.
Desde Nueva York, donde participa en actividades oficiales, Petro aseguró que la actuación de Arizabaleta responde a intereses ajenos al proceso investigativo y afirmó que la congresista habría ejercido presiones indebidas sobre el Ejecutivo. El mandatario incluso la calificó de “criminal” y sostuvo que existen testigos dentro de su Gobierno que podrían respaldar sus señalamientos.
La polémica surgió después de que Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ordenara la suspensión provisional de Petro hasta el 21 de junio, argumentando una posible falta relacionada con intervención en la campaña presidencial. La medida fue cuestionada por diversos sectores que consideran que esa facultad corresponde al Senado y no a una representante actuando de manera individual.
Ministros, congresistas y expertos en derecho expresaron dudas sobre la legalidad de la decisión, señalando que la Constitución establece un procedimiento específico para cualquier eventual suspensión presidencial. Las críticas se intensificaron debido a que la determinación fue adoptada en plena recta final de la campaña electoral.
El enfrentamiento entre Petro y Arizabaleta profundiza la tensión política en un momento clave para Colombia. Mientras continúa el debate sobre la validez de la medida, el caso se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la actual coyuntura electoral y podría derivar en nuevas acciones institucionales y judiciales.
