Una fuerte controversia política se abrió en Colombia por la propuesta de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027. El senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones de los recursos de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, iniciativa que, según Semana y EFE, cuenta con el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella.
La propuesta ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. La senadora María Clara Posada planteó que el recorte debería ser aún mayor y propuso reducir en 50 % el presupuesto de la JEP. Según sus declaraciones, el tribunal tendría $721.803 millones para 2027 después del traslado de los $100.000 millones, mientras que durante 2026 destinó $404.477 millones a gastos de nómina.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, rechazó la iniciativa y sostuvo que la reducción afectaría directamente el funcionamiento del tribunal, incluyendo su capacidad para atender a víctimas y comparecientes y realizar actividades en los territorios. La JEP calificó la propuesta como una posible estrategia de “asfixia” financiera y anunció que llevará sus preocupaciones ante organismos internacionales.
El debate también coincide con una reforma constitucional que avanza en el Senado y que busca establecer una revisión judicial de las decisiones de la JEP por parte de la Justicia Penal Militar. Ramelli cuestionó ambas iniciativas, mientras que la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo que las decisiones políticas sobre la JEP deben ajustarse a las obligaciones constitucionales relacionadas con su funcionamiento y la protección de las víctimas.
