Una fuerte reacción generaron en Barranquilla las recientes denuncias de amenazas contra el exalcalde Alejandro Char, situación que encendió las alarmas entre líderes políticos y representantes gremiales del país. Diversos sectores coincidieron en que este tipo de hechos no solo ponen en riesgo la integridad de figuras públicas, sino que también afectan la estabilidad institucional y el ejercicio democrático en la región Caribe.
Voceros de distintos movimientos y organizaciones señalaron que los actos de intimidación no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia. Insistieron en que el Estado debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de quienes participan activamente en la vida política. Además, recalcaron que ceder ante la violencia sería permitir que grupos ilegales influyan en decisiones públicas.
Desde el sector empresarial también hubo pronunciamientos en los que se pidió fortalecer las condiciones de seguridad en Barranquilla y el Atlántico. Los gremios advirtieron que este tipo de amenazas generan incertidumbre y pueden afectar la confianza inversionista, en un momento clave para el desarrollo económico de la ciudad y la región.
Finalmente, los líderes hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales para que se investiguen los hechos y se adopten medidas contundentes que eviten la repetición de estos episodios. La consigna es clara: la violencia no puede imponerse sobre la institucionalidad ni frenar el desarrollo democrático del país.
