Una serie de audios conocidos este viernes puso bajo la lupa una reunión realizada en julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en la que, según la información revelada, se habría discutido la posibilidad de recibir datos suministrados por presuntos integrantes de estructuras criminales a cambio de beneficios relacionados con bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En el encuentro participaron, según la publicación, el entonces director de la DNI, Jorge Lemus, otros funcionarios de inteligencia y Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “Narcochofer”, quien habría actuado como intermediario de dos hombres identificados como alias Falcon y Fortuna. En las conversaciones se mencionó la entrega de información relacionada con armas, posibles atentados y actividades criminales.
Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con la supuesta posibilidad de entregar la administración de algunos bienes de la SAE a terceros como contraprestación por la información. También se habrían planteado peticiones relacionadas con la situación judicial de los involucrados, aunque los detalles y el alcance de esas conversaciones siguen generando controversia.
Jorge Lemus reconoció que durante esos acercamientos se hicieron ofrecimientos para obtener información de interés para la seguridad nacional, pero sostuvo que ningún acuerdo llegó a materializarse y aseguró que no realizó gestiones ante la SAE. Por su parte, Augusto Rodríguez negó haber participado en un pacto, aunque confirmó que recibió información relacionada con un supuesto plan contra el entonces presidente Gustavo Petro.
Las revelaciones abren nuevos interrogantes sobre los contactos entre funcionarios del anterior Gobierno y personas vinculadas a estructuras criminales, así como sobre los límites legales de las negociaciones o acercamientos realizados para obtener información de inteligencia. El caso podría generar nuevas investigaciones y pronunciamientos de las autoridades competentes.
